El Gobierno obvia un decreto propio y permite nombrar comisarios de la Policía Canaria a dedo y desde otros cuerpos

El Gobierno de Canarias elegirá por el sistema de libre designación a los dos nuevos comisarios provinciales de la Policía Autonómica. El director general de Seguridad del Ejecutivo regional, David del Pino, firmó el 20 de marzo la resolución de la convocatoria para la provisión de esos dos empleos de la escala superior en la Unidad de Recursos Operativos (URO).

A este puesto pueden optar, por tanto, miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y de las Fuerzas Armadas que tengan un empleo equivalente al de comisario en la Policía Canaria. Y ello a pesar de que el mismo Gobierno derogó hace un año y medio la norma que permitía este sistema de acceso.

La ley de creación del cuerpo autonómico, que data de 2008, contenía una disposición transitoria, la número dos, que permitía acceder desde otros cuerpos a los puestos de la escala superior (comisario y subcomisario) por el sistema de libre designación, aunque sólo “durante la fase de despliegue” de la Policía Canaria.

En relación con esta disposición transitoria segunda, la tercera establecía las correspondencias de empleo. El de comisario de la Policía Canaria equivale al de comisario de la Policía Nacional y al de comandante de la Guardia Civil. No hay en esta norma referencia a la correlación con los mandos militares.

En cualquier caso, esa disposición transitoria segunda fue derogada en un decreto firmado por el mismo gobierno que ahora pretende utilizar esa fórmula. Ese decreto, el 438/2023, aprueba el reglamento de los criterios generales de selección y promoción del cuerpo autonómico y fue firmado el 18 de diciembre de 2023 por el presidente del Ejecutivo regional, Fernando Clavijo (Coalición Canaria), por la consejera de Seguridad, Nieves Lady Barreto, de la misma formación, y por la consejera de Hacienda, Matilde Asián, del Partido Popular (PP).

Ese decreto da por finalizado el despliegue de la Policía Canaria y, en consecuencia, los efectos de esa disposición que permitía recurrir a otros cuerpos de seguridad para la provisión de empleos de comisario y subcomisario por libre designación. “A los estrictos efectos de lo previsto en la disposición transitoria segunda de la Ley 2/2008, de 28 de mayo, del Cuerpo General de la Policía Canaria, se da por finalizado el despliegue”, recoge el texto.

Tras esa modificación operada hace cerca de un año y medio, la ley sólo permite el acceso a la escala superior desde otros cuerpos de seguridad para el empleo de comisario principal (el más alto en el escalafón) y, además, no por el procedimiento de libre designación, sino por un concurso de méritos “entre los comisarios del cuerpo, los mandos equivalentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad o los oficiales superiores de las Fuerzas Armadas”, tal y como recoge el artículo 28 de la norma.

Catálogo de puestos y oferta de empleo

En la convocatoria recién publicada en el BOC, el director general de Seguridad alude a la ampliación del Catálogo de Puestos de la Policía Canaria aprobada en 2024. En este catálogo se incluyen cuatro puestos de comisario URO a través de un concurso de promoción interna y otros tres cuya forma de provisión es la libre designación. Es decir, también se basa en la disposición transitoria que permitía el acceso desde otros cuerpos en la escala superior, la derogada en diciembre de 2023.

Sin embargo, en la Oferta de Empleo Público (OEP) publicada el mismo día que el catálogo se convocan seis puestos de comisario URO y todos ellos por promoción interna. También tres plazas de comisario principal por el mismo sistema.

Se da, por tanto, una paradoja. Por un lado, el Gobierno de Canarias abre a otros cuerpos una convocatoria para dos puestos de comisario pese a haber dado por finalizados los efectos de la disposición transitoria que lo permitía y pese a que en la oferta pública dice que seis de las siete plazas previstas para ese empleo se deben cubrir por pormoción interna. Y, a la vez, cierra a otros cuerpos la posibilidad de concurrir a los puestos de comisario principal aunque la ley diga que debe hacerse por concurso de méritos sin restricciones.

Fuentes oficiosas de la Policía Canaria apuntan que la motivación de la convocatoria publicada esta semana es el interés por nombrar para esos puestos de comisarios provinciales a dos perfiles concretos, un teniente coronel del Ejército y un teniente coronel de la Guardia Civil, que han entablado una relación de confianza con altos cargos de la Consejería a raíz de la colaboración entre cuerpos. Se trata de José Antonio Prieto y Pedro Fernández, respectivamente. El primero para la base de Gran Canaria y el segundo, para la de Tenerife. Este periódico ha contactado con ambos para preguntarles sus intenciones. Ninguno ha negado ni confirmado de forma tajante que aspire a esos puestos. “Yo estoy muy tranquilo donde estoy, pero el futuro no se sabe”, ha respondido Prieto. “Es una cuestión personal que estoy valorando”, ha contestado Fernández.

El comisario provincial de Santa Cruz de Tenerife es, en la actualidad, Luis Santos Jara, que tiene el empleo de comisario principal y que desde 2012 hasta 2023 fue jefe de la Policía Canaria, cargo del que fue relegado tras un conflicto con la actual consejera de Seguridad, Nieves Lady Barreto. Santos Jara denunció a la dirigente de Coalición Canaria (CC) por varios delitos, entre ellos el de acoso laboral. Esas diligencias judiciales se mantienen abiertas. En Las Palmas, el puesto de comisario provincial está vacante.

La apertura de la convocatoria a miembros de otros cuerpos también podría perjudicar a otras seis personas dentro de la Policía Canaria. En concreto, a un subcomisario que está ejerciendo (el actual director de Seguridad del Gobierno de Canarias, David del Pino, también lo es, pero está en excedencia) y a cinco (dos por acceso libre y tres por promoción interna) que serán nombrados en virtud de dos convocatorias en curso, una de ellas a punto de finalizar.